UDAETA FERRO, José Domingo de
[Guadalajara,
11 de mayo de 1803 / Madrid, 4 de diciembre de 1887]
José
Domingo de Udaeta Ferro nació en la ciudad de Guadalajara el 11 de mayo de
1803. Fue bautizado, dos días después, en la Iglesia Parroquial del Arcángel
San Miguel, siendo su madrina Josefa de Estúñiga, que pertenecía a una de las
más relevantes familias de la ciudad. Falleció en Madrid el 4 de diciembre de
1887.
Realizó
estudios de derecho en la Universidad de Alcalá de Henares y el 9 de mayo de
1826 obtuvo la licenciatura en leyes y el día 13 del mismo mes y año fue
investido con el grado de Doctor. En junio de 1828, después de haber cumplido
veinticinco años de edad y satisfaciendo los demás requisitos legales, fue
autorizado para ejercer como abogado en los Reales Consejos, aunque
posteriormente no destacó en el ejercicio profesional del Derecho, pues estuvo
más dedicado a sus negocios particulares.
En
1843 fue propuesto para ser condecorado con la Cruz de Carlos III por haber
ejercido el cargo de Jefe Político, o Gobernador Civil, y presidente de la
Diputación Provincial sin recibir remuneración ninguna, pero la reina no firmó
el preceptivo decreto hasta el 13 de abril de 1851, siendo entonces nombrado
Comendador de la Orden de Carlos III.
Su entorno familiar
Era
hijo de Antonio Pablo de Udaeta, natural de Respaldiza, que en la actualidad es
un barrio de la localidad alavesa de Ayala, y de María Josefa Ferro, nacida en
la ciudad de Guadalajara. Sus abuelos paternos fueron Lorenzo de Udaeta y
Teresa de Ibarrola, ambos nacidos en Respaldiza, y sus abuelos maternos eran
Antonio Ferro y María Peregrini que eran oriundos de la República de Génova, en
Italia, aunque habían vivido y fallecieron en Guadalajara.
José
Domingo de Udaeta Ferro pertenecía a una de las familias más distinguidas de la
élite progresista de la Guadalajara del siglo XIX. En las postrimerías del
siglo XVIII llegó hasta la capital alcarreña, desde su Álava natal, Juan
Francisco de Udaeta Ibarrola, un comerciante que en 1793 se casó con Josefa
Molero, hija de un rico vendedor de paños alcarreño. La fortuna de la pareja no
era exigua, pues la esposa aportó como dote casi 300.000 reales y en 1794
hipotecaron una casa de nueva construcción valorada en más de un millón de
reales que les rentaba unos 30.000 al año.
Pero
Juan Francisco de Udaeta Ibarrola tenía mucho interés en formar parte del
gobierno municipal y a tal fin, en 1792 y 1794 presentó su carta de hidalguía
en el Ayuntamiento de Guadalajara y acabó por comprar el puesto de regidor,
aunque los demás regidores de la ciudad no lo acogieron con simpatía por
desempeñar el oficio de comerciante, una ocupación que les estaba vedada, pues
esos cargos concejiles estaban reservados para nobles o hidalgos de sangre.
Para
evitar suspicacias, a pesar del dictamen favorable que emitió el Consejo de
Castilla en 1794, cedió ante notario a su hermano Antonio Pablo de Udaeta
Ibarrola géneros y efectos de comercio por la cantidad de 250.000 reales, aunque
todo indica que siguió ejerciendo la actividad mercantil en la sombra. No
tenemos noticia del cumplimiento de sus obligaciones municipales, pero sabemos
que Juan Francisco de Udaeta Ibarrola fue acusado por su esposa en 1797 de
despilfarrar su dote y en 1804 de haberse ausentado a Indias, por lo que Josefa
Molero solicitó su separación matrimonial.
Por
su parte, Antonio Pablo de Udaeta Ibarrola se casó secretamente en 1795 con
María Josefa Ferro, hija de Antonio Ferro que era otro acaudalado
comerciante de Guadalajara y que había sido varios años Síndico Personero de su
ayuntamiento, cargo que ocupaba al comenzar la Guerra de la Independencia, por
lo que participó en la elección de Juan Nepomuceno de Rosales como delegado de
la ciudad de Guadalajara en la asamblea que el rey José I Bonaparte había
convocado Bayona en 1808 para conocer la realidad española y sentar las bases
de su reinado, encuentro al que finalmente no acudió Juan Nepomuceno de Rosales
y en la que se aprobó el llamado Estatuto de Bayona.
Si
Antonio Pablo de Udaeta Ibarrola había recibido 250.000 reales de su hermano
para que continuase con los negocios familiares, su mujer aportó al matrimonio
una dote de 130.000 reales; no era una escasa fortuna para formar una familia,
aunque inferior a la que disfrutaba su hermano Juan Francisco, a quien en 1794
se le calculaba una fortuna superior a un millón de reales. Gracias a su
experiencia institucional y a su fortuna económica, esta familia se incorporó
en el siglo XIX a la élite burguesa liberal ocupando diferentes cargos
políticos: Antonio Pablo de Udaeta Ibarrola fue concejal en 1813 y alcalde en
1822 y su hijo Antonio de Udaeta Ferro ocupó el mismo cargo en 1843 y 1863.
Este último, contrajo matrimonio con Tomasa de la Brena y falleció en Madrid el
20 de febrero de 1864.
A
edad madura, José Domingo de Udaeta Ferro contrajo matrimonio con Inés Romo
Bedoya, que pertenecía a dos familias con título de hidalguía que habían
ocupado cargos municipales en el siglo XVIII: los Romo en Sigüenza y los Bedoya
en Hita, de donde era originaria la familia, y en Guadalajara, donde Vicente de
Bedoya compró un primer puesto de regidor en 1709.
Inés
Romo Bedoya había contraído un primer matrimonio con José de Torres y Tovar,
Marqués de Villamejor. Los Torres debían su título nobiliario al Archiduque
Carlos de Austria, pretendiente al trono español durante la Guerra de Sucesión
(1701-1714). Desde entonces habían acumulado un cuantioso patrimonio y había ocupado
cargos concejiles en Guadalajara; pero la desaparición del Régimen señorial y
la supresión de los mayorazgos tuvieron efectos desastrosos para el Marquesado
de Villamejor. Cuando José de Torres y Tovar
falleció en Romanones (Guadalajara) el 30 de noviembre de 1836, no
solo carecía de extensas propiedades, sino que prácticamente se encontraba en
quiebra. Su viuda se vio forzada a declinar el Marquesado de Villamejor y
conservar únicamente el vizcondado de Irueste como dote para su hija en un
matrimonio ventajoso. En esa situación de severos apuros económicos, se casó
con José Domingo de Udaeta Ferro, que era una de las más grandes fortunas de la
provincia alcarreña.
Inés
Romo Bedoya murió en Guadalajara el día 2 de diciembre de 1892, y en los
últimos años dedicó sus recursos y su influencia entre la élite progresista
alcarreña a favorecer la candidatura al Congreso de los Diputados de su nieto
Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, que gracias a la
intermediación de su abuela recabó los apoyos suficientes para derrotar a su
propio hermano en los comicios de 1891 y convertir a Guadalajara en su feudo
político particular.
José
Domingo de Udaeta Ferro e Inés Romo Gamboa no tuvieron hijos propios, pero
aquél fue nombrado curador de Ana de Torres y Romo, y en su nombre pleiteó
repetidamente para conseguir que la reina Isabel II diese por nula la venta del
Marquesado de Villamejor a favor de doña María de las Nieves de Zuazo de
Rendón. En un primer momento, 26 de agosto de 1849, la Cancillería del
Ministerio de Gracia y Justicia rechazó su pretensión, pero insistió José
Domingo de Udaeta en abril de 1851, consiguiendo que el 14 de enero de 1853 la
reina firmase la rehabilitación del título de Marquesa de Villamejor para Ana
de Torres y Romo, que para entonces ya había contraído matrimonio con Ignacio
de Figueroa y Mendieta.
Su actividad profesional
La
enorme fortuna acumulada por los Udaeta durante los años de transición del
siglo XVIII al siglo XIX se vio sensiblemente incrementada a raíz de los
procesos desamortizadores emprendidos por los liberales en 1836 y 1855. La
compra de fincas, tanto urbanas como rústicas, aumentó significativamente el
patrimonio familiar de los Udaeta, aunque tuvo como consecuencia que el eje de
sus negocios e intereses se trasladase de la industria y el comercio, con el
que habían fraguado su fortuna particular, hacia la agricultura y la ganadería,
renunciando de ese modo a impulsar el proceso de modernización económica en la
provincia de Guadalajara.
Sólo José
Domingo de Udaeta Ferro adquirió en tierras alcarreñas 1.361 lotes de los que
fueron desamortizados a partir del año 1836 en Guadalajara; la familia de
hidalgos que se había visto comprometida en el Antiguo Régimen por su espíritu emprendedor
se convertía con el sistema liberal en parte de una burguesía terrateniente y
rentista, que imitaba modos y maneras de la antigua nobleza. Este poder
económico estaba entrelazado con el poder político; así mientras adquirían
nuevas fincas agrarias, José Ramón de Udaeta era el Comisionado principal de la
empresa arrendataria del suministro de aguardientes a Guadalajara y su comarca.
El
enriquecimiento personal de José Domingo de Udaeta Ferro fue notable; en 1856
pagaba una cuota por contribución de bienes inmuebles y subsidio industrial y
de comercio en la capital provincial que ascendía a 2.620 reales, y que sólo
era superada por Mariano Téllez-Girón, Duque de Osuna y del Infantado, y por
Gregorio García Tabernero. El segundo proceso desamortizador, abierto por
iniciativa del ministro Pascual Madoz durante el Bienio Progresista, le
permitió adquirir nuevos bienes e incrementar significativamente su hacienda.
En esa ocasión, compró terrenos en distintas localidades de la provincia que
sumaban más de 5.500 fanegas, además de un molino aceitero en Yebes y un molino
harinero en Campillo de Ranas.
En
la propia ciudad de Guadalajara acumulaba varias fincas urbanas, entre las que
destaca la llamada Huerta de Clavero, en la Carretera de Madrid, para la que
solicitó permiso para ampliarla en 1866, las casas del número 4 de la calle de
Bardales, que reformó en 1877, y del número 12 de la Plaza de San Gil, que
reformó en 1883, y los edificios de los números 9 y 11 de la calle Carbonería.
También era propietario de una casa y un
obrador, con patio en la calle paralela posterior, en la carretera de Zaragoza,
que le fue expropiada para ampliar su tránsito por la ciudad.
Como
resultado de estos incrementos patrimoniales, en el año 1868 era el decimosexto
mayor contribuyente por cuota territorial de toda la provincia alcarreña.
Acción política
En
su juventud, durante el reinado de Fernando VII, José Domingo de Udaeta Ferro
se mostró ferviente partidario de la monarquía absoluta o, por lo menos, no
destacó en la defensa del régimen constitucional. En 1828 declaró públicamente
que ni siquiera durante el Trienio Liberal formó parte de ninguna de las
asociaciones ciudadanas que se consideraban instrumentos del liberalismo:
Milicia Nacional, Sociedades Patrióticas, logias secretas o clubs políticos,
insistiendo en todo momento en su pertenencia al estamento nobiliario; y si
bien es cierto que esa declaración era imprescindible para ser habilitado como
abogado ante los Reales Consejos, la relación de testigos hace pensar que esa
declaración es veraz.
Con
la muerte del monarca absoluto, su ideario conoció profundas transformaciones.
Ya en julio de 1833 fue nombrado asesor del Intendente de la provincia y formó
parte de las Juntas provinciales de Caridad, y en octubre de ese año de la de
Sanidad, ésta última constituida para afrontar la epidemia de cólera, mientras
su hermano Antonio pertenecía a la Diputación del Comercio de la ciudad de
Guadalajara.
En
las elecciones celebradas en 1837 para cubrir los cargos concejiles, José
Domingo de Udaeta fue elegido alcalde segundo, lo que sería una primera prueba
de su adscripción al liberalismo progresista. En diciembre de 1839 fue de nuevo
elegido, en esta ocasión como alcalde primero para el año 1840, pero no pudo
cumplir su mandato pues la Diputación Provincial, presidida por Patricio de la
Escosura, declaró nula su elección y la de Gregorio García Tabernero, una
arbitrariedad de los moderados que despojaba de su cargo a dos reconocidos
progresistas que habían ganado la confianza de sus conciudadanos. En su lugar,
fueron designados Gabino García Plaza y Pedro Villapecellín, pero ellos tampoco
pudieron completar su mandato ya que, antes de que acabase ese año, una
revolución progresista puso brusco final a los gobiernos moderados y a la
regencia de María Cristina de Borbón.
En
1840 fue elegido diputado a Cortes por la circunscripción de Guadalajara, pero
se distanció del régimen esparterista, pues en 1843 perteneció a la Junta
Revolucionaria provincial que, presidida por Antonio Sánchez Osorio, se
constituyó en Guadalajara con motivo del pronunciamiento militar que desalojó
al general Baldomero Espartero de la Regencia. Disuelta la Junta y consolidado
el nuevo régimen, el gobierno ratificó el nombramiento de la junta provincial,
que había designado Jefe Político y presidente de la Diputación de Guadalajara
a José Domingo de Udaeta, cargos que ejerció desde el 2 de agosto hasta el 7 de
diciembre de 1843, cuando fue sustituido por Rafael de Navascués,
ofreciéndosele en ese momento una plaza de Ministro de la Audiencia de
Valladolid.
Durante
la Década Moderada estuvo alejado de la política gubernamental y sufrió el
ostracismo que padecieron los progresistas en la provincia alcarreña. No por
eso renunció a sus ideas y a su compromiso político, porque en julio de 1854 le
vemos de nuevo formando parte de la Junta de Gobierno de la Provincia,
constituida el 21 de julio de 1854, junta revolucionaria de carácter
progresista que presidía José María Medrano y al que acompañaban José Domingo
de Udaeta Ferro, José Serrano, José Martínez, León López Espila, Diego García
Martínez, Joaquín Sancho Garrido, Casimiro López Chávarri y Cayetano de la
Brena.
Con motivo de las elecciones a Cortes Constituyentes
de 1854 hizo público su deseo de no presentarse a los comicios, a pesar de que
había recibido peticiones en ese sentido, y avisando que, en
caso de ser elegido, renunciaría por motivos personales. Al mismo tiempo, manifestaba su
apoyo a cualquier candidatura liberal, y no tuvo reparo en asistir a una
reunión convocada por él y los progresistas más destacados de la provincia para
fijar una candidatura para las próximas elecciones a Cortes Constituyentes.
Con
el final del Bienio Progresista en 1856, que dio paso a los gobiernos
centristas de la Unión Liberal, José Domingo de Udaeta volvió a revelarse como
un político atento a los cambios dentro del liberalismo progresista. En agosto
de 1856, derribado el gobierno de Espartero, se nombró una nueva Diputación
Provincial de la que formaba parte, aunque fue destituida en octubre por una
nueva lista de diputados que ya no le incluía. También fue designado es
nombrado vocal de la Junta de Beneficencia, de la Comisión Superior de
Instrucción Primaria y de la Junta Inspectora del Instituto de Segunda
enseñanza de la capital.
Más
tarde, con los últimos gabinetes moderados, José Domingo de Udaeta Ferro volvió
al retraimiento político de años atrás, aunque ejerció como juez de primera
instancia en Guadalajara, hasta que la conspiración puesta en marcha para
derrocar a Isabel II le devolvió al primer plano de la escena institucional.
El
triunfo de la Revolución de septiembre de 1868 llevó a una Junta Revolucionaria
a asumir el gobierno de la provincia; en esta ocasión José Domingo de Udaeta
Ferro no se encontraba entre sus miembros, a pesar de lo cual el 13 de octubre
de ese mismo año volvió a ser designado, como ya lo había sido en el año 1843,
Gobernador Civil de la provincia de Guadalajara por una decisión del Gobierno
Provisional que firmó el general Francisco Serrano. Ocupó este cargo hasta que
presentó su dimisión, el 24 de septiembre de 1869. En los primeros momentos,
todavía esta jefatura llevaba asociada la presidencia de la Diputación
Provincial, aunque muy pronto este último cargo pasó a ser de elección directa
por los diputados. Fue, por eso mismo, el primer Gobernador Civil de la
provincia que disfrutó de las nuevas atribuciones y capacidades que se
mantuvieron, casi sin cambios, hasta 1997.
Elección y actividad parlamentaria
José
Domingo de Udaeta Ferro fue elegido diputado suplente a Cortes en las
elecciones que se celebraron el 19 de enero de 1840. En primera instancia
ganaron los escaños titulares Santos López-Pelegrín Zabala, José Muñoz
Maldonado, conde de Fabraquer, y Manuel Montes de Oca. Este último ya había
sido diputado por Cádiz en 1834 y 1837 y que en los comicios de 1840 ganó otra
vez el acta por Cádiz y, además, por las circunscripciones de Baleares y
Guadalajara, optando por renunciar a su escaño por el distrito alcarreño.
Así
que el 14 de abril de ese mismo año José Domingo de Udaeta fue llamado para
sustituirle, jurando su cargo nueve días después. Su paso por el Congreso
apenas duró dos meses, pues en junio se suspendieron las sesiones a causa del
clima de inestabilidad política que vivía el país. Finalmente, el día 11 de
octubre de 1840 el Congreso fue disuelto como consecuencia de la Revolución que
llevó al general Baldomero Espartero a la Regencia y al gobierno de la nación.
Durante
su paso por el Congreso se integró en la Sección Séptima. Intervino muy
frecuentemente en los debates parlamentarios y fue un diputado muy activo,
sobre todo en los asuntos económicos, participando en las discusiones sobre los
presupuestos de ingresos y gastos del Estado y de los Ministerios de Hacienda y
de Gracia y Justicia. Interviene también cuando la Cámara trata los asuntos que
más preocupaban a los progresistas en aquellos años: la Ley de Ayuntamientos,
peticiones de la Milicia Nacional, dotaciones de culto y clero y pagos a
metálico de los compradores de bienes nacionales, una cuestión en la que tenía
un interés particular por haber sido uno de los principales adquirientes de
estos bienes en la provincia de Guadalajara. También participa en diversos
dictámenes como los de las Actas electorales de la provincia de León, una
petición del Ayuntamiento de Llerena (Badajoz) o sobre militares retirados de
Pontevedra.
A
pesar de que esas elecciones fueron ganadas por los moderados, entre
acusaciones generalizadas de fraude, y de que los otros tres candidatos por
Guadalajara se identificaban con la corriente más conservadora del liberalismo,
es difícil incluir a José Domingo de Udaeta dentro del partido moderado, como
pone de manifiesto la anulación gubernamental de su cargo de alcalde de
Guadalajara para 1840, a la que ya hemos hecho referencia, y el conjunto de su
trayectoria política. En todo caso, como su compañero de representación Santos
López-Pelegrín Zabala, asumiría una posición intermedia entre las dos alas del
liberalismo.
También
fue senador en las legislaturas de 1871 y 1872, después de más de treinta años
y en circunstancias muy diferentes. Si en el Congreso de 1840 era un
progresista que se situaba entre las filas de los más avanzados de la nación,
accedió al Senado como representante del mismo partido político, pero cuando
éste estaba siendo desbordado por otras fuerzas revolucionarias que, como los demócratas,
participaban de la coalición electoral que le había llevado al Senado. Se
mantuvo fiel a la línea oficial del progresismo y apoyó la solución monárquica
para España.
Intervino
preguntando al Ministro de Fomento sobre la legislación de montes, sobre las
obligaciones de las corporaciones civiles y sobre el Reglamento interior del
Senado.
Formó
parte de numerosas comisiones: General de Presupuestos, de Amnistía, de
Empleados públicos, de Peticiones al Senado… y perteneció a la Comisión del
Senado que asistió a las honras fúnebres del general Juan Prim.
JUAN PABLO CALERO DELSO
