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sábado, 28 de abril de 2018

FRANCISCO MATEO MARCHAMALO

MARCHAMALO, Francisco Mateo
[Humanes. 1758 / ]

Francisco Mateo Marchamalo nació en el año 1758 en Humanes de Mohernando, una localidad de la provincia de Guadalajara en la que, como en Robledillo de Mohernando y en toda la campiña alcarreña, este apellido era relativamente frecuente en el siglo XIX entre labradores con singular fortuna, así que no tenemos certeza de cuál era su entorno familiar, pero suponemos que sería de origen humilde, pues solo pudo estudiar en la Universidad de Alcalá de Henares gracias a recibir los beneficios de una prebenda de estudios fundada por Alonso Fernández Bermejo, que fue presbítero del pueblo de Ciruelas, y que en 1782 Francisco Mateo Marchamalo pleiteó con Eutaquio Sarmentera, patrono administrador del legado, para cobrar las rentas de dicha prebenda.
Era abogado de formación, pues había estudiado Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, ingresando en 1779 en la Academia de los Santos Justo y Pastor, obteniendo el grado de bachiller en leyes en el año 1783, y recibiendo la habilitación para el ejercicio de la abogacía ante los Reales Consejos en 1788, trasladándose entonces a la capital del reino. Allí se hizo con un evidente prestigio, porque cuando en 1800 se declaró una gravísima epidemia que asoló las ciudades de Cádiz, primero, y de Sevilla, después. Atemorizada la población española, el Ayuntamiento de Madrid decidió organizar una Junta de Sanidad a la que perteneciesen no sólo reconocidos facultativos sino otras personas de “conocida probidad, justificación y ciencia”, estando Francisco Mateo Marchamalo entre sus miembros.

Su carrera judicial
Pero pronto renunció al ejercicio libre de la profesión e ingresó en la carrera judicial durante el reinado de Carlos IV, que le nombró Fiscal del Consejo de Hacienda. Continuó en su puesto bajo la autoridad de José I Bonaparte y pasó en el año 1811 a ejercer como magistrado en la nueva Audiencia de la Villa y Corte madrileña. Su colaboración con el régimen afrancesado no fue inconveniente para que en la primavera de 1812 fuese uno de los regidores del titulado Ayuntamiento libre de Madrid, establecido tras la marcha de José I de la Corte, llegando a declarar públicamente "que derramaría hasta la última gota de sangre por defender la Constitución". Definitivamente liberado Madrid de las tropas napoleónicas, fue designado Oidor de la Audiencia Constitucional de Madrid desde el día 29 de septiembre de 1812.
Aparentemente identificado con el sistema liberal, no por eso tuvo reparo en mantenerse en su puesto con la vuelta al régimen absolutista al regreso de Fernando VII, y en 1815 sustituyó a Mateo Sendoquis como Fiscal de la Sala de Alcaldes de Madrid, actuando en diferentes procesos a conocidos liberales, de los que merece citarse la causa contra Bartolomé José Gallardo, bibliotecario de las Cortes de Cádiz, en la que solicitó para él graves penas por su actividad política y el delito de apoyo a la Constitución de 1812, o la causa contra el coronel Eladio Martínez de Aragón y Cabrera, acusado de conspirar para "atacar la soberanía de Su Majestad por unos medios horrorosos y los más criminales", es decir, un pronunciamiento militar de signo liberal. Medró con éxito en su carrera judicial durante la restauración absolutista y en el año 1817 fue nombrado Asesor de la Superintendencia General de la Real Hacienda y en 1819 ascendía al puesto de Fiscal del Consejo Real y Supremo de Hacienda con las provincias de Málaga, Cádiz, Extremadura, Córdoba, Toledo, Cartagena, Murcia, Jaén, Granada y Sevilla, cargo que llevaba aparejada la pertenencia a la Junta que autorizaba los sorteos públicos de las Reales Loterías.
La vuelta de los liberales al poder tras el pronunciamiento encabezado por Rafael del Riego en 1820 no interrumpió su desarrollo profesional, pues sin ningún reparo volvió a hacer gala de su pasado constitucional. El 15 de marzo de ese mismo año se restableció la Audiencia Constitucional de Madrid con los mismos magistrados que la componían en el momento de su disolución por la reacción absolutista, regresando Francisco Mateo Marchamalo a esa instancia judicial. 
Al mismo tiempo fue reinstaurado el Tribunal Supremo de Justicia, que asumía las competencias judiciales de todos los antiguos Consejos, incluido el de Hacienda al que pertenecía Francisco Mateo Marchamalo en el momento del pronunciamiento liberal. Como se hizo necesario completar los puestos vacantes en el citado Tribunal Supremo, fue elegido por el rey Fernando VII de entre una terna propuesta por el Consejo de Estado, y allí permaneció hasta 1823, como consecuencia del colapso del régimen constitucional y el retorno al modelo político absolutista.
Como demostraba su nombramiento por el monarca para el Tribunal Supremo, frente a los otros dos candidatos propuestos, Francisco Mateo Marchamalo gozaba de la confianza del rey, así que con la vuelta del absolutismo, durante la Década Ominosa, pudo proseguir su actividad en la carrera judicial hasta que en 1828 se tramitó su jubilación como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.

Elección y actividad parlamentaria
El día 3 de diciembre de 1821 se celebró en la Sala Capitular de la Casa Consistorial de Guadalajara una reunión de electores, que estuvo presidida por el Jefe Político Joaquín Montesoro Moreno, para la designación de los dos diputados que enviaría al Congreso el distrito electoral de Guadalajara, resultando elegidos Francisco Mateo Marchamalo y Miguel de Atienza Gutiérrez, y quedando como suplente Gregorio García Tabernero. Acudieron a la cita siete electores, uno por cada partido judicial, en un proceso electoral con sufragio indirecto. Sabemos que por entonces, aunque diputado por Guadalajara, residía en Madrid y, más concretamente, en la céntrica calle de Hortaleza.
El Congreso de los Diputados abrió sus puertas el 15 de febrero de 1822, el día 20 fueron aprobados sus poderes y el 25 juró su cargo y ocupó su escaño. Se le adscribía al sector más conservador del Congreso de los Diputados, lo mismo que a Miguel de Atienza, el otro diputado de la circunscripción de Guadalajara. Permaneció como parlamentario hasta la disolución definitiva de las Cortes el 27 de septiembre de 1823 como consecuencia de la victoria de los Ejércitos Realistas y la supresión del régimen constitucional. Se informa en la Cámara, en la sesión del 4 de julio de 1823, que ha estado presente en Sevilla pero que no llegado a Cádiz, acompañando a las Cortes y a las autoridades del Estado en su huida hacia el sur empujadas y amenazadas por las tropas realistas y sus aliados franceses de los Cien Mil Hijos de San Luis.
Perteneció a las Comisiones de Etiqueta para recibir a Sus Majestades, a la que se compuso para felicitar a Fernando VII en el día de Reyes y a la que estudió el Código de procedimientos militares. No fue un diputado muy activo, pero intervino en varias ocasiones con motivo del debate parlamentario sobre los Señoríos y en la discusión sobre el Oficio de Presidente del Tribunal Especial de Cortes.
JUAN PABLO CALERO DELSO

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