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lunes, 3 de febrero de 2014

JOSÉ LÓPEZ DE JUANA PINILLA

LÓPEZ DE JUANA PINILLA, José
[Sigüenza, 1 de agosto de 1774 / Madrid, 26 de abril de 1846]

Nació en Sigüenza el día 1 de agosto de 1774 y fue bautizado en la Iglesia de San Pedro, siendo su padrino Blas de Cabo. Era hijo de José López Pinilla, nacido en Setiles, y de Josefa de Juana, natural de Sigüenza. Su padre pertenecía a una familia de hidalgos enraizada en el Señorío de Molina y emparentada con el poderoso linaje de los López-Pelegrín y su familia materna residía desde hacía generaciones en la ciudad de Sigüenza. Murió en Madrid, donde residía, el 26 de abril de 1846, cuando tenía 71 años de edad.
Contrajo matrimonio con Vicenta de Castro González, que había nacido en el pueblo burgalés de Santo Domingo de Silos, hija de Antonio de Castro, y que falleció en Madrid el 26 de febrero de 1857. Tuvieron dos hijos: Domingo, que fue diputado por Guadalajara en las Cortes Constituyentes de 1854 y director general de Loterías durante el Bienio Progresista, y Victoria.
Realizó sus estudios en la Pontificia y Real Universidad de Santa Catalina en El Burgo de Osma, que en diciembre de 1778 había vuelto a abrir sus puertas, completando “con lustre” el bachillerato en Leyes, materia “que por sustitución expliqué algunos años”. En 1798, al acercarse a la mayoría de edad, solicitó que le fuese reconocida su titulación jurídica a fin de poder actuar como abogado ante los Reales Consejos.
Sin embargo, renunció el ejercicio libre de la abogacía y emprendió una brillante carrera administrativa, que dio comienzo el 22 de mayo de 1799 cuando fue nombrado Subdelegado de Rentas del partido judicial de su Sigüenza natal. El 13 de julio del año siguiente lo fue también de la Junta de Comercio y Moneda seguntina y el 22 de abril de 1807 sumó a sus responsabilidades la de la Junta de Salinas del partido judicial de Atienza, que incluía a las de Imón y La Olmeda. Ese mismo año dio pruebas de su competencia en materia tributaria con la publicación de un completo Tratado teórico práctico de los juicios de contrabando, que dividió en dos partes: “la primera comprende el orden y ritualidad con que debe procederse en ellos, y la segunda las reales instrucciones, cédulas y órdenes que rigen en la materia”.
Recibo de la Administración de Rentas de Sigüenza
La Guerra de la Independencia
La insurrección de la población madrileña en mayo de 1808 marcó el inicio de la Guerra de la Independencia, un conflicto en el que dio sobradas muestras de su capacidad y de su determinación. Toda su trayectoria vital quedó marcada por esos años aciagos, de los que dio cumplida cuenta en 1812 con la publicación de un Manifiesto en el que recogía su notable actuación durante el conflicto bélico y que en mayo de 1813 ofreció a las Cortes de Cádiz, que lo aceptaron con agrado.
Su temprana implicación en la guerra dio comienzo cuando Joaquín Montesoro Moreno y la Junta de Molina de Aragón se negaron a entregar a las autoridades afrancesadas los fondos recaudados en el Señorío, una conducta que no sólo aplaudió sino que revalidó entregando al general José de Palafox los fondos de la Depositaría de Rentas seguntina y de la tesorería de las salinas de Imón. Al mismo tiempo, se incorporaba a la Junta patriótica de Sigüenza, que presidió José María de Beladíez desde su fundación, el 12 de agosto de 1809, hasta su marcha a Cádiz por haber sido elegido diputado a Cortes, pasando José López de Juana Pinilla a ocupar la presidencia.
Con el aval de la Junta Suprema Central, auxilió en el otoño de 1808 a los ejércitos que sobre el Ebro aguardaban la llegada de Napoleón, enviando diversos recursos hasta Cintruénigo, Tudela y Ágreda; y cuando en noviembre de 1808 la ofensiva napoleónica desbarató los frentes y algunas unidades en retirada del ejército español se desplazaron hasta Sigüenza, se aseguró de proporcionarles víveres y alojamiento. En diciembre, como consecuencia del avance de las columnas napoleónicas, tuvo que refugiarse primero en Sacecorbo y luego en Arbeteta, recaudando y distribuyendo desde esos puntos recursos de todo tipo a las tropas españolas que operaban en Soria, Cuenca, Guadalajara y el Señorío de Molina. Como consecuencia de estas acciones, el 23 de marzo de 1809 el rey José I le cesó como Subdelegado de Rentas.
El 30 de mayo de 1809 fue nombrado Intendente de la Provincia de Guadalajara por nombramiento de la Junta Central de Aragón, en la que participaba la del Señorío de Molina, por delegación de la Junta Suprema Central. En agosto se formó una Junta Provincial de Guadalajara, de la que fue vicepresidente, mientras la Junta del Señorío de Molina le nombraba director de la fábrica de armas que había establecido en el pueblo de Corduente, y que proveía de fusiles a los soldados españoles, teniendo que hacer frente a una de las primeras huelgas obreras de la España contemporánea. En represalia, las autoridades leales a José I decretaron que todos sus bienes fuesen incautados y que hasta sus padres fuesen hechos prisioneros dónde y cuándo se les encontrase, lo que pudo evitar providencialmente.
El 25 de mayo de 1810 se encargó como Intendente de la provincia de Segovia, por ser limítrofe con la de Guadalajara y estar vacante su intendencia, tomando entonces una de sus decisiones más relevantes, al encomendar a Genaro Arias, segundo ayudante de conserje del Real Palacio de San Ildefonso, que hiciese un inventario de los bienes que se hallaban en ese Palacio y que procurase conservarlos y ponerlos a salvo de los ejércitos franceses. Esta responsabilidad le fue ratificada por el Consejo de Regencia establecido en Cádiz el 26 de marzo de 1812, cuando el citado inventario ya había sido concluido.
El 4 de agosto de 1810 el Consejo de Regencia de Cádiz, convalidó su nombramiento como Intendente Corregidor de la provincia de Guadalajara, lo que llevaba asociado el cargo de director de las Reales Fábricas de Paños instaladas en Brihuega y en la capital de la provincia. Y al mes siguiente le fue encargada la Intendencia de las provincias de Madrid y Segovia. Por entonces, su campo de actuación se extendió por amplias zonas del centro de la Península, excediendo en numerosas ocasiones el ámbito territorial de la provincia de Guadalajara, como podemos comprobar con el envío a Cádiz desde Huertahernando de unas valijas interceptadas a los franceses por la partida guerrillera de Tomás Príncipe en la provincia de Valladolid en el verano de 1810 y que le habían sido entregadas.
Adoptó en numerosas ocasiones medidas y disposiciones de carácter tributario que tenían como fin último acopiar recursos de todo tipo (armas, alimentos, monetario...) para abastecer tanto a las tropas regulares como a las guerrillas que combatían a los soldados de José I, tanto en las provincias bajo su mando como en Aragón o Burgos. Así, por ejemplo, el 18 de noviembre de 1812 aprobó nuevas providencias para la Contribución de Guerra que afectaban a las corporaciones eclesiásticas de las diócesis de Toledo y Sigüenza.
No sólo jugó un papel destacado en la lucha contra el rey José I, también participó en la revolución política que acompañó a la contienda armada. El 4 de agosto de 1810 fue elegido alcalde de la ciudad de Guadalajara, que se encontraba en poder de las tropas napoleónicas, dirigidas por el general francés Joseph Léopold Hugo. Además, como Intendente, fue vicepresidente de la primera Diputación Provincial de Guadalajara que, aunque con unos límites territoriales distintos a la actual, se constituyó el 25 de abril de 1813, bajo el amparo legal de la Constitución de Cádiz, en la localidad de Anguita. Como diputado suplente resultó elegido Patricio Sanz Pinilla, de Alustante, que seguramente era familiar suyo, pues de esa localidad era su bisabuelo paterno.
Era hombre de fuertes convicciones y de carácter severo, por lo que durante la Guerra de la Independencia tuvo en repetidas ocasiones agrios enfrentamientos con distintas instituciones: con la Junta patriótica y el Intendente interino de Burgos por el control y administración de la provincia de Segovia, cuya administración asumió al no haber un Intendente patriota y ser colindante con su circunscripción, con el brigadier Juan Martín Díaz el Empecinado por asuntos económicos…
En 1813, al terminar la guerra, se estableció en la Guadalajara liberada, residiendo en la Plazuela de la Fábrica, junto a las manufacturas reales, pues era en esos momentos Intendente General de la provincia y director de las “Reales Fábricas de Paños y demás tejidos establecidos por cuenta de Su Majestad en esta ciudad”. Convivían con él, su mujer y sus dos hijos, entonces con 15 y 13 años de edad, y cuatro criados a su servicio: Isidro Martínez, Bernardina Sánchez Mudarra, Vicenta de Mingo y María Esperanza Carrascal.

Apartado de la Administración Pública
Su fuerte compromiso con las instituciones que desde Cádiz habían gobernado el imperio español durante la Guerra de la Independencia le ocasionó notables perjuicios cuando se ganó la paz y el rey Fernando VII volvió a la Península para ocupar el trono español. La restauración absolutista alentada por el monarca castigó injustamente a todos aquellos patriotas de ideología liberal que se habían destacado durante la contienda, entre los que se encontraba José López de Juana Pinilla, que no sólo no fue recompensado por sus desvelos, sino que se vio apartado de todo cargo político o administrativo hasta 1819.
De nada le sirvió que el 18 de mayo de 1814 se presentase personalmente ante el propio Fernando VII a la cabeza de las Diputaciones provinciales de Guadalajara, Soria y Segovia y explicase al rey que “Las provincias de Guadalajara, Segovia y Soria, que en cinco años de infortunios y calamidades han dado las pruebas más positivas de su constante amor á V. M., se congratulan de su feliz llegada al Trono, y por nuestro conducto renuevan á V. M. su sumisión y respeto”.
Además de por su respaldo a la obra revolucionaria de las Cortes de Cádiz, la interrupción de su carrera administrativa se vio complicada por algunas denuncias de Nicolás Uriz y otros que con el tiempo se revelaron falsas y a las que hizo frente con decisión. Para desmentirlas, el 25 de junio de 1813 publicó en Guadalajara una carta dirigida a la opinión pública en respuesta a la que Fructuoso María Guerra, asesor de El Empecinado, había enviado el 6 de junio al Diario Mercantil de Cádiz. De nada sirvió, pues en El Espectador del 5 de julio de 1821 se podía leer: “El señor Juana Pinilla no ha progresado tanto durante los memorables seis años [de la restauración absolutista]; pero eso ha sido á causa de la terrible persecución que se le suscitó, por sus operaciones en Guadalajara. Ella fue de tal naturaleza, que todo el favor de su pariente el señor [Ramón López] Pelegrín, actual ministro de Ultramar, ni la gratitud y protección de su amigo el desdichado canónigo [Matías] Vinuesa [de Tamajón], pudieron desenredarle del lío; si bien consiguieron evitarle los resultados que sin tales aldabas, habrían tal vez sobrevenido”. Todavía años después, sostenía que su cese en octubre de 1814 estuvo causado “por el concepto de liberal y por una intriga que sería largo referir”.
Mientras estuvo apartado de cualquier cargo de responsabilidad, escribió una amplia obra doctrinal, resultado de su aguda reflexión teórica sobre la Hacienda Pública española y la legislación que al respecto habían promulgado las Cortes de Cádiz. En 1814 compuso una Exposición sobre asuntos hacendísticos que dirigió a los diputados y, una vez que el monarca estuvo asentado en el trono de Madrid, le envió un Proyecto de Hacienda dedicado al rey. Insistió en 1815 con su Colección de noticias relativas a la población, productores y riquezas de España; y aún en 1816 redactó una Representación que dirige al Rey N. S. el intendente don José López de Juana Pinilla sobre los medios de organizar un sistema de Real Hacienda.
Las reformas tributarias
Desechas las insidias en su contra y reconocido el mérito de su obra, a partir de 1819 volvió a asumir distintas responsabilidades políticas y administrativas. El 26 de noviembre fue elegido para vocal de una Junta establecida por el gobierno con el fin de estudiar las reformas necesarias de una Hacienda Pública que estaba exhausta, y a la que se le pedía que extendiese “sus observaciones al sistema de administración de todas y cada una de las rentas que constituyen el real erario”; sus conclusiones se entregaron en 1820 al gabinete constitucional que surgió del pronunciamiento de Rafael de Riego.
Desde el 24 de marzo de 1820 ocupó el cargo de Tesorero general del reino, aunque de forma provisional hasta la consolidación del nuevo gobierno liberal. Después de su cese, con fecha de 20 de mayo fue elegido para ser miembro de la comisión que examinó y propuso cambios en el Código de Hacienda. Parece ser que antes de que acabase ese año, fue enviado a las Islas Canarias como Intendente. Durante esos años elaboró una propuesta de reforma de la Hacienda Pública, que en 1822 salió de imprenta con el título de Situación de la Hacienda Pública en España en marzo de 1822 y medios de mejorarla.
Quizás fuese este último proyecto el que decidió a la Regencia que en 1823 se instauró en España a la caída del régimen liberal para nombrarle presidente de una nueva Junta constituida para formular los cambios necesarios para socorrer a una Hacienda real que estaba en déficit permanente, a pesar de la manifiesta hostilidad de los nuevos gobernantes hacia los que habían colaborado con el recién derribado gobierno constitucional.
Se ganó la estima del ministro de Hacienda Luis López-Ballesteros Varela, que el 19 de enero de 1824 le nombró Contador General de Valores y, como tal, vocal del Consejo de Hacienda, y el 29 de junio de 1826 le encargó la Dirección General de Rentas, puestos desde los que colaboró muy estrechamente con las reformas tributarias que este ministro emprendió hasta su cese en 1832. También en el año 1824 se integró en la comisión que presidía los sorteos de Loterías. Aprovechó sus cargos para ayudar en 1830 al militar y político alcarreño Francisco Romo y Gamboa, que a pesar de haber perdido un brazo durante la Guerra de la Independencia, había caído en desgracia por haber colaborado a partir de 1820 con el gobierno constitucional.
Con la muerte del rey Fernando VII en 1833 y el inicio de la transición del absolutismo al liberalismo, paradójicamente José López de Juana Pinilla pasó a un segundo plano político: su tiempo, el de los herederos tardíos de la Ilustración, ya había pasado y su adhesión al liberalismo más doctrinario y exaltado de aquellos momentos no parecía muy sincera. El 19 de abril de 1834 fue nombrado ministro del recién creado Consejo Real de España e Indias, un cargo únicamente honorífico, pues para entonces este Consejo tenía una función exclusivamente consultiva, hasta que fue disuelto por un Decreto del 28 de septiembre de 1836, lo que forzó su jubilación en 1837, cuando sólo contaba con sesenta y tres años de edad pero ya sumaba más de 37 años de servicio público.
Sin embargo, sus ideas siguieron influyendo poderosamente en la legislación que se aprobó a lo largo de los primeros años del reinado de Isabel II, sobre todo de la mano de Ramón de Santillán González, su sobrino y discípulo, que fue ministro de Hacienda desde abril de 1840 hasta julio de 1841 y que en 1849 fue el primer gobernador del Banco de San Fernando después de su fusión con el Banco de Isabel II, y aún volvió a serlo en 1856 de su sucesor, el Banco de España.

Su acción política
Durante la Década Moderada le tentó, como a tantos, la acción política. El periódico El Reparador daba noticia en septiembre de 1843 de algunas posibles candidaturas que se anunciaban para las próximas elecciones; en Guadalajara se preveía que se presentarían Agustín Castellanos, Luis María Pastor Copo y José Gordo Sáez, para diputados, teniendo como suplentes a Ramón Eusa y Julián Calleja. Como posibles senadores se citaban a Judas José Romo Gamboa, Obispo de Canarias, José López de Juana Pinilla, el marqués de Villanueva de la Sagra, Basilio Antonio, obispo de Ibiza, José María García Rodrigo y Pedro Saiz de Andino. Sin embargo, finalmente no se presentó a la elección.
El 25 de agosto de 1845 fue nombrado senador vitalicio por la reina Isabel II, según lo que establecía la Constitución de 1844 para la Cámara Alta; pero su avanzada edad y la quebrantada salud que padecía le impidieron tomar posesión de su escaño, y aunque en febrero de 1846 se dirigió al Senado solicitando un aplazamiento de su juramento como senador, pues "me veo obligado a guardar cama e imposibilitado de todo trabajo mental y material", lo cierto es que falleció esa primavera sin haber conseguido sentarse en el Senado.
A su muerte dejó inconclusa su obra póstuma, la Biblioteca de Hacienda de España, una publicación que se vendía por suscripción en cuadernos de 120 páginas, y que interrumpió su edición, primero por su enfermedad y, posteriormente, por su fallecimiento, cuando ya habían salido de imprenta los cuatro primeros tomos; fue su hijo, Domingo López de Castro Pinilla, quien completó la obra, publicando dos volúmenes más en 1847 y 1848.
Dejó una amplia obra escrita, además de la que hemos ido reseñando. Colaboró en el Diccionario Geográfico Estadístico de España y Portugal, una ambiciosa obra en diez tomos elaborada por Sebastián Miñano, que en su volumen undécimo recogía rectificaciones y advertencias, de las que más de una veintena le habían sido remitidas por José López de Juana Pinilla. También figuraba, en 1843, como redactor de la Revista de España y del Extranjero, que en Madrid dirigía Fermín Gonzalo Morón y que reunía a muchas de las firmas más prestigiosas del país.
En noviembre de 1829 fue nombrado Caballero pensionado de la Real Orden española de Carlos III, distinción que se hizo efectiva en febrero de 1830.
JUAN PABLO CALERO DELSO

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