LÓPEZ DE JUANA
PINILLA, José
[Sigüenza,
1 de agosto de 1774 / Madrid, 26 de abril de 1846]
Nació en Sigüenza el día 1 de
agosto de 1774 y fue bautizado en la Iglesia de San Pedro, siendo su padrino
Blas de Cabo. Era hijo de José López Pinilla, nacido en Setiles, y de Josefa de
Juana, natural de Sigüenza. Su padre pertenecía a una familia de hidalgos
enraizada en el Señorío de Molina y emparentada con el poderoso linaje de los
López-Pelegrín y su familia materna residía desde hacía generaciones en la
ciudad de Sigüenza. Murió en Madrid, donde residía, el 26 de abril de 1846, cuando
tenía 71 años de edad.
Contrajo matrimonio con Vicenta
de Castro González, que había nacido en el pueblo burgalés de Santo Domingo de
Silos, hija de Antonio de Castro, y que falleció en Madrid el 26 de febrero de
1857. Tuvieron dos hijos: Domingo, que fue diputado por Guadalajara en las Cortes
Constituyentes de 1854 y director general de Loterías durante el Bienio
Progresista, y Victoria.
Realizó sus estudios en la
Pontificia y Real Universidad de Santa Catalina en El Burgo de Osma, que en
diciembre de 1778 había vuelto a abrir sus puertas, completando “con lustre” el
bachillerato en Leyes, materia “que por sustitución expliqué algunos años”. En
1798, al acercarse a la mayoría de edad, solicitó que le fuese reconocida su
titulación jurídica a fin de poder actuar como abogado ante los Reales
Consejos.
Sin embargo, renunció el
ejercicio libre de la abogacía y emprendió una brillante carrera
administrativa, que dio comienzo el 22 de mayo de 1799 cuando fue nombrado
Subdelegado de Rentas del partido judicial de su Sigüenza natal. El 13 de julio
del año siguiente lo fue también de la Junta de Comercio y Moneda seguntina y
el 22 de abril de 1807 sumó a sus responsabilidades la de la Junta de Salinas
del partido judicial de Atienza, que incluía a las de Imón y La Olmeda. Ese
mismo año dio pruebas de su competencia en materia tributaria con la
publicación de un completo Tratado
teórico práctico de los juicios de contrabando,
que dividió en dos partes: “la primera comprende el orden y ritualidad con que
debe procederse en ellos, y la segunda las reales instrucciones, cédulas y
órdenes que rigen en la materia”.
La
Guerra de la Independencia
La insurrección de la población
madrileña en mayo de 1808 marcó el inicio de la Guerra de la Independencia, un
conflicto en el que dio sobradas muestras de su capacidad y de su determinación.
Toda su trayectoria vital quedó marcada por esos años aciagos, de los que dio
cumplida cuenta en 1812 con la
publicación de un Manifiesto en el
que recogía su notable actuación durante el conflicto bélico y que en mayo de 1813 ofreció
a las Cortes de Cádiz, que lo aceptaron con agrado.
Su temprana implicación en la guerra dio comienzo cuando
Joaquín Montesoro Moreno y la Junta de Molina de Aragón se negaron a entregar a
las autoridades afrancesadas los fondos recaudados en el Señorío, una conducta
que no sólo aplaudió sino que revalidó entregando al general José de Palafox
los fondos de la Depositaría de Rentas seguntina y de la tesorería de las
salinas de Imón. Al mismo tiempo, se incorporaba a la Junta patriótica de
Sigüenza, que presidió José María de Beladíez desde su fundación, el 12 de
agosto de 1809, hasta su marcha a Cádiz por haber sido elegido diputado a
Cortes, pasando José López de Juana Pinilla a ocupar la presidencia.
Con el aval de la Junta Suprema Central, auxilió en el
otoño de 1808 a los ejércitos que sobre el Ebro aguardaban la llegada de
Napoleón, enviando diversos recursos hasta Cintruénigo, Tudela y Ágreda; y
cuando en noviembre de 1808 la ofensiva napoleónica desbarató los frentes y
algunas unidades en retirada del ejército español se desplazaron hasta
Sigüenza, se aseguró de proporcionarles víveres y alojamiento. En diciembre,
como consecuencia del avance de las columnas napoleónicas, tuvo que refugiarse
primero en Sacecorbo y luego en Arbeteta, recaudando y distribuyendo desde esos
puntos recursos de todo tipo a las tropas españolas que operaban en Soria,
Cuenca, Guadalajara y el Señorío de Molina. Como consecuencia de estas
acciones, el 23 de marzo de 1809 el rey José I le cesó como Subdelegado de
Rentas.
El 30 de mayo de 1809 fue nombrado Intendente de la
Provincia de Guadalajara por nombramiento de la Junta Central de Aragón, en la
que participaba la del Señorío de Molina, por delegación de la Junta Suprema
Central. En agosto se formó una Junta Provincial de Guadalajara, de la que fue
vicepresidente, mientras la Junta del Señorío de Molina le nombraba director de
la fábrica de armas que había establecido en el pueblo de Corduente, y que
proveía de fusiles a los soldados españoles, teniendo que hacer frente a una de
las primeras huelgas obreras de la España contemporánea. En represalia, las
autoridades leales a José I decretaron que todos sus bienes fuesen incautados y
que hasta sus padres fuesen hechos prisioneros dónde y cuándo se les encontrase,
lo que pudo evitar providencialmente.
El 25 de mayo de 1810 se encargó como Intendente de la
provincia de Segovia, por ser limítrofe con la de Guadalajara y estar vacante
su intendencia, tomando entonces una de sus decisiones
más relevantes, al encomendar a Genaro Arias, segundo ayudante de conserje del
Real Palacio de San Ildefonso, que hiciese un inventario de los bienes que se
hallaban en ese Palacio y que procurase conservarlos y ponerlos a salvo de los
ejércitos franceses. Esta responsabilidad le fue ratificada por el Consejo de
Regencia establecido en Cádiz el 26 de marzo de 1812, cuando el citado
inventario ya había sido concluido.
El 4 de agosto de 1810 el Consejo de Regencia de Cádiz, convalidó
su nombramiento como Intendente Corregidor de la provincia de Guadalajara, lo
que llevaba asociado el cargo de director de las Reales Fábricas de Paños
instaladas en Brihuega y en la capital de la provincia. Y al mes siguiente le fue
encargada la Intendencia de las provincias de Madrid y Segovia. Por entonces,
su campo de actuación se extendió por amplias zonas del centro de la Península,
excediendo en numerosas ocasiones el ámbito territorial de la provincia de
Guadalajara, como podemos comprobar con el envío a Cádiz desde Huertahernando
de unas valijas interceptadas a los franceses por la partida guerrillera de
Tomás Príncipe en la provincia de Valladolid en el verano de 1810 y que le
habían sido entregadas.
Adoptó en numerosas ocasiones medidas y disposiciones de
carácter tributario que tenían como fin último acopiar recursos de todo tipo
(armas, alimentos, monetario...) para abastecer tanto a las tropas regulares
como a las guerrillas que combatían a los soldados de José I, tanto en las
provincias bajo su mando como en Aragón o Burgos. Así, por ejemplo, el 18 de
noviembre de 1812 aprobó nuevas providencias para la Contribución de Guerra que
afectaban a las corporaciones eclesiásticas de las diócesis de Toledo y Sigüenza.
No
sólo jugó un papel destacado en la lucha contra el rey José I, también
participó en la revolución política que acompañó a la contienda armada. El 4 de
agosto de 1810 fue elegido alcalde de la ciudad de Guadalajara, que se encontraba
en poder de las tropas napoleónicas, dirigidas por el general francés Joseph
Léopold Hugo. Además, como Intendente, fue vicepresidente de la primera
Diputación Provincial de Guadalajara que, aunque con unos límites territoriales
distintos a la actual, se constituyó el 25 de abril de 1813, bajo el amparo
legal de la Constitución de Cádiz, en la localidad de Anguita. Como diputado
suplente resultó elegido Patricio Sanz
Pinilla, de Alustante, que seguramente era familiar suyo, pues de esa
localidad era su bisabuelo paterno.
Era
hombre de fuertes convicciones y de carácter severo, por lo que durante la
Guerra de la Independencia tuvo en repetidas ocasiones agrios enfrentamientos
con distintas instituciones: con la Junta patriótica y el Intendente interino
de Burgos por el control y administración de la provincia de Segovia, cuya
administración asumió al no haber un Intendente patriota y ser colindante con
su circunscripción, con el brigadier Juan Martín Díaz el Empecinado por asuntos económicos…
En
1813, al terminar la guerra, se estableció en la Guadalajara liberada,
residiendo en la Plazuela de la Fábrica, junto a las manufacturas reales, pues
era en esos momentos Intendente General de la provincia y director de las
“Reales Fábricas de Paños y demás tejidos establecidos por cuenta de Su
Majestad en esta ciudad”. Convivían con él, su mujer y sus dos hijos, entonces
con 15 y 13 años de edad, y cuatro criados a su servicio: Isidro Martínez,
Bernardina Sánchez Mudarra, Vicenta de Mingo y María Esperanza Carrascal.
Apartado
de la Administración Pública
Su fuerte compromiso con las
instituciones que desde Cádiz habían gobernado el imperio español durante la
Guerra de la Independencia le ocasionó notables perjuicios cuando se ganó la
paz y el rey Fernando VII volvió a la Península para ocupar el trono español.
La restauración absolutista alentada por el monarca castigó injustamente a
todos aquellos patriotas de ideología liberal que se habían destacado durante
la contienda, entre los que se encontraba José López de Juana Pinilla, que no
sólo no fue recompensado por sus desvelos, sino que se vio apartado de todo
cargo político o administrativo hasta 1819.
De nada le sirvió que el 18 de
mayo de 1814 se presentase personalmente ante el propio Fernando VII a la
cabeza de las Diputaciones provinciales de Guadalajara, Soria y Segovia y
explicase al rey que “Las provincias de Guadalajara,
Segovia y Soria, que en cinco
años de infortunios y calamidades han dado las pruebas más positivas de su
constante amor á V. M., se congratulan de su feliz llegada al Trono, y por
nuestro conducto renuevan á V. M. su sumisión y respeto”.
Además de por su respaldo a la
obra revolucionaria de las Cortes de Cádiz, la interrupción de su carrera
administrativa se vio complicada por algunas denuncias de Nicolás Uriz y otros que
con el tiempo se revelaron falsas y a las que hizo frente con decisión. Para
desmentirlas, el 25 de junio de 1813 publicó en Guadalajara una carta dirigida
a la opinión pública en respuesta a la que Fructuoso María Guerra, asesor de El
Empecinado, había enviado el 6 de junio al Diario
Mercantil de Cádiz. De nada sirvió, pues en El Espectador del 5 de julio de 1821 se podía leer: “El señor Juana Pinilla no ha progresado tanto durante
los memorables seis años [de la restauración absolutista]; pero eso ha sido á
causa de la terrible persecución que se le suscitó, por sus operaciones en
Guadalajara. Ella fue de tal naturaleza, que todo el favor de su pariente el
señor [Ramón López] Pelegrín, actual ministro de Ultramar, ni la gratitud y
protección de su amigo el desdichado canónigo [Matías] Vinuesa [de Tamajón],
pudieron desenredarle del lío; si bien consiguieron evitarle los resultados que
sin tales aldabas, habrían tal vez sobrevenido”. Todavía años después, sostenía
que su cese en octubre de 1814 estuvo causado “por el concepto de liberal y por
una intriga que sería largo referir”.
Mientras estuvo apartado de
cualquier cargo de responsabilidad, escribió una amplia obra doctrinal,
resultado de su aguda reflexión teórica sobre la Hacienda Pública española y la
legislación que al respecto habían promulgado las Cortes de Cádiz. En 1814
compuso una Exposición sobre asuntos
hacendísticos que dirigió a los diputados y, una vez que el monarca estuvo
asentado en el trono de Madrid, le envió un Proyecto
de Hacienda dedicado al rey. Insistió en 1815 con su Colección de noticias
relativas a la población, productores y riquezas de España; y aún en 1816 redactó una Representación que dirige al
Rey N. S. el intendente don José López de Juana Pinilla sobre los medios de
organizar un sistema de Real Hacienda.
Las reformas
tributarias
Desechas las insidias en su contra y reconocido el
mérito de su obra, a partir de 1819 volvió a asumir distintas responsabilidades
políticas y administrativas. El 26 de noviembre fue elegido para vocal de una
Junta establecida por el gobierno con el fin de estudiar las reformas
necesarias de una Hacienda Pública que estaba exhausta, y a la que se le pedía
que extendiese “sus observaciones al
sistema de administración de todas y cada una de las rentas que constituyen el
real erario”; sus conclusiones se entregaron en 1820 al gabinete
constitucional que surgió del pronunciamiento de Rafael de Riego.
Desde
el 24 de marzo de 1820 ocupó el cargo de Tesorero general del reino, aunque de forma
provisional hasta la consolidación del nuevo gobierno liberal. Después de su
cese, con fecha de 20 de mayo fue elegido para ser miembro de la comisión que
examinó y propuso cambios en el Código de Hacienda. Parece ser que antes de que
acabase ese año, fue enviado a las Islas Canarias como Intendente. Durante esos
años elaboró una propuesta de reforma de la Hacienda Pública, que en 1822 salió
de imprenta con el título de Situación de
la Hacienda Pública en España en marzo de 1822 y medios de mejorarla.
Quizás
fuese este último proyecto el que decidió a la Regencia que en 1823 se instauró
en España a la caída del régimen liberal para nombrarle presidente de una nueva
Junta constituida para formular los cambios necesarios para socorrer a una
Hacienda real que estaba en déficit permanente, a pesar de la manifiesta
hostilidad de los nuevos gobernantes hacia los que habían colaborado con el
recién derribado gobierno constitucional.
Se
ganó la estima del ministro de Hacienda Luis López-Ballesteros Varela, que el
19 de enero de 1824 le nombró Contador General de Valores y, como tal, vocal
del Consejo de Hacienda, y el 29 de junio de 1826 le encargó la Dirección
General de Rentas, puestos desde los que colaboró muy estrechamente con las
reformas tributarias que este ministro emprendió hasta su cese en 1832. También
en el año 1824 se integró en la comisión que presidía los sorteos de Loterías.
Aprovechó sus cargos para ayudar en 1830 al militar y político alcarreño
Francisco Romo y Gamboa, que a pesar de haber perdido un brazo durante la
Guerra de la Independencia, había caído en desgracia por haber colaborado a
partir de 1820 con el gobierno constitucional.
Con
la muerte del rey Fernando VII en 1833 y el inicio de la transición del
absolutismo al liberalismo, paradójicamente José López de Juana Pinilla pasó a
un segundo plano político: su tiempo, el de los herederos tardíos de la
Ilustración, ya había pasado y su adhesión al liberalismo más doctrinario y
exaltado de aquellos momentos no parecía muy sincera. El 19 de abril de 1834
fue nombrado ministro del recién creado Consejo Real de España e Indias, un
cargo únicamente honorífico, pues para entonces este Consejo tenía una función
exclusivamente consultiva, hasta que fue disuelto por un Decreto del 28 de
septiembre de 1836, lo que forzó su jubilación en 1837, cuando sólo contaba con
sesenta y tres años de edad pero ya sumaba más de 37 años de servicio público.
Sin
embargo, sus ideas siguieron influyendo poderosamente en la legislación que se
aprobó a lo largo de los primeros años del reinado de Isabel II, sobre todo de
la mano de Ramón de Santillán González, su sobrino y discípulo, que fue
ministro de Hacienda desde abril de 1840 hasta julio de 1841 y que en 1849 fue
el primer gobernador del Banco de San Fernando después de su fusión con el
Banco de Isabel II, y aún volvió a serlo en 1856 de su sucesor, el Banco de
España.
Su acción política
Durante
la Década Moderada le tentó, como a tantos, la acción política. El periódico El Reparador daba noticia en septiembre
de 1843 de algunas posibles candidaturas que se anunciaban para las próximas
elecciones; en Guadalajara se preveía que se presentarían Agustín Castellanos, Luis María Pastor Copo y José Gordo Sáez,
para diputados, teniendo como suplentes
a Ramón Eusa y Julián Calleja. Como posibles senadores se citaban a Judas José
Romo Gamboa, Obispo de Canarias, José López de Juana Pinilla, el marqués de
Villanueva de la Sagra, Basilio Antonio, obispo de Ibiza, José María García
Rodrigo y Pedro Saiz de Andino. Sin embargo, finalmente no se presentó a la
elección.
El 25 de agosto de 1845 fue
nombrado senador vitalicio por la reina Isabel II, según lo que establecía la
Constitución de 1844 para la Cámara Alta; pero su avanzada edad y la
quebrantada salud que padecía le impidieron tomar posesión de su escaño, y
aunque en febrero de 1846 se dirigió al Senado solicitando un aplazamiento de
su juramento como senador, pues "me veo obligado a guardar cama e
imposibilitado de todo trabajo mental y material", lo cierto es que falleció
esa primavera sin haber conseguido sentarse en el Senado.
A su muerte dejó inconclusa su
obra póstuma, la Biblioteca de Hacienda
de España, una publicación que se vendía por suscripción en cuadernos de
120 páginas, y que interrumpió su edición, primero por su enfermedad y,
posteriormente, por su fallecimiento, cuando ya habían salido de imprenta los
cuatro primeros tomos; fue su hijo, Domingo López de Castro Pinilla, quien
completó la obra, publicando dos volúmenes más en 1847 y 1848.
Dejó
una amplia obra escrita, además de la que hemos ido reseñando. Colaboró en el Diccionario Geográfico Estadístico de España
y Portugal, una ambiciosa obra en diez tomos elaborada por Sebastián
Miñano, que en su volumen undécimo recogía rectificaciones y advertencias, de
las que más de una veintena le habían sido remitidas por José López de Juana
Pinilla. También figuraba, en 1843, como
redactor de la Revista de España y del
Extranjero, que en Madrid dirigía Fermín Gonzalo Morón y que reunía a
muchas de las firmas más prestigiosas del país.
En noviembre de 1829 fue nombrado
Caballero pensionado de la Real Orden española de Carlos III, distinción que se
hizo efectiva en febrero de 1830.
JUAN PABLO CALERO DELSO
